Con 35 votos a favor, el Congreso de Puebla consumó la designación de Rosa Isela Sánchez Soya como titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) pese a los señalamientos de ser cercana al gobernador electo Alejandro Armenta y de no contar con trayectoria en la materia.
Abogada con cédula profesional desde 2018, Sánchez Soya participó en diversos actos de campaña del hoy gobernador electo y su hija, Alexa Espidio, de 19 años de edad, es diputada local suplente y forma parte del equipo de transición de Armenta.
Su inminente designación fue criticada por medios locales y por colectivas y activistas, pues consideran que, además, en su comparecencia ante el Congreso local no demostró conocimiento sobre la problemática que prevalece en Puebla en materia de derechos humanos y que más bien su perfil se relaciona con asistencialismo y altruismo.
De hecho, las organizaciones que le brindaron su apoyo para registrar su candidatura son asociaciones civiles dedicadas a la filantropía, empresariales o de corte religioso como Fundación Unidos para Servir A.C., Templarios del Mundo A.C., Fundación Mexicana de Acciones Emprendedoras y Casa de Atención a Desamparados, entre otras.
En tanto que en el proceso para designar al ombusperson poblano participaron perfiles con amplias o reconocidas trayectorias como Marco Antonio Moreno, abogado defensor de los derechos reproductivos y sexuales; Luisa Núñez Barojas, madre buscadora y fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla; el abogado y activista Luis Soriano Peregrina y Elena Guerrero con una experiencia de más de 30 años trabajando en áreas de derechos humanos.
Al presentarse como finalistas a Sánchez Soya y a Marco Antonio Moreno, la mayoría morenista, así como los legisladores del PRI y Movimiento Ciudadano votaron por la abogada, que es el perfil con mayor cercanía con el mandatario.
En tanto que la fracción panista se abstuvo de emitir voto al señalar que no les entregaron información de los perfiles postulados.
Aunque el exsenador Alejandro Armenta Mier criticó en su libro “Por Amor a Puebla” la falta de independencia de la CEDH con respecto al Ejecutivo estatal, ahora es censurado por hacer lo mismo que sus antecesores, que impulsaron para esa institución a perfiles cercanos y poco comprometidos con su misión como defensores.