Implacable por Paty Herrera
En medio de crecientes señalamientos por la presunta corrupción de Adán Augusto López, Sheinbaum guarda un silencio inquietante ante las acusaciones que rodean al exsecretario de Gobernación. Mientras funcionarios estadounidenses insisten en una cooperación más firme en temas de seguridad y el combate al narcotráfico, el gobierno morenista parece más ocupada en blindar a los suyos que en rendir cuentas o mantener relaciones diplomáticas estables.
Diversas investigaciones periodísticas han documentado posibles vínculos entre operadores políticos cercanos a López Hernández y redes de huachicol en el sureste del país, particularmente en Tabasco y Veracruz. En su paso por la gubernatura de Tabasco, el actual exfuncionario fue señalado por su falta de acción ante el crecimiento de tomas clandestinas de combustible, y por sus presuntos vínculos con empresarios que habrían facilitado operaciones de extracción y distribución ilegal de hidrocarburos bajo la protección de autoridades locales.
Pero lo más alarmante han sido los recientes informes no confirmados sobre la posible asociación de Adán Augusto con facciones del Cártel del Golfo y del Cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque no existen acusaciones formales, la falta de transparencia en torno a sus allegados y operadores financieros ha levantado serias sospechas entre analistas y sectores diplomáticos.
Más grave aún es la mención reiterada del nombre de Adán Augusto en testimonios recogidos por reporteros de seguridad y fuentes extraoficiales, donde se le vincula con la supuesta creación y del grupo conocido como La Barredora. Este brazo armado conformado por sicarios actualmente activo y que habría operado inicialmente como un mecanismo para “limpiar” zonas de influencia política, pero pronto derivó en una estructura con características claramente criminales: desapariciones, secuestros, cobro de piso y trata de personas.
A estos cuestionamientos se suma el persistente rumor sobre la protección Adán Augusto López Hernández ofreció a líderes locales con nexos en el Cártel del Golfo, así como su permisividad frente a la expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación en zonas estratégicas de tránsito y distribución.
El gobierno federal ha optado por el silencio. Lejos de ordenar una investigación clara, la “Señora PresidentA” ha cerrado filas en torno a su camarada, descalificando a los medios que han dado cobertura a estos temas como parte de una “guerra sucia”. Omar García Harfuch tampoco ha emitido declaraciones ni iniciado diligencias visibles sobre el caso. Este patrón de omisión no es nuevo, pero sí cada vez más evidente.
A nivel internacional, este blindaje político interno está teniendo consecuencias. La relación con Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más tensos en años recientes. Marco Rubio ha secretario de Estado de los Estados Unidos, ha expresado su frustración por la falta de cooperación del gobierno mexicano en el combate al narcotráfico, especialmente en lo referente al tráfico de fentanilo y la trata de personas.
Donald Trump ha advertido sobre la complicidad del gobierno con el Narco y diversos congresistas han comenzado a exigir medidas más duras contra México, incluyendo condicionamientos comerciales y mayores restricciones en asistencia técnica. El distanciamiento se agrava ante la percepción de que el gobierno mexicano nada hace para frenar la expansión territorial de los cárteles ni para investigar a posibles gobernadores coludidos.
El Estado mexicano se muestra reacio a investigar, a rendir cuentas o a fortalecer su cooperación con su vecino del norte. El costo no sólo será político: puede ser también económico, diplomático y social.
En una región azotada por el crimen organizado y con una creciente presión migratoria, Claudia Sheinbaum necesita credibilidad y firmeza. Hoy no tiene ni lo uno ni lo otro.