Implacable por Paty Herrera
El próximo primero de septiembre México estará de luto. La 4T y AMLO habrán logrado adueñarse del Estado Mexicano. Está por demás repetir porque es peligroso que un presidente tenga el control de la máxima tribuna de justicia, el ejemplo más claro de esto es Venezuela. El régimen morenista ha seguido los pasos del extinto Hugo Chávez Frías, que extermino el estado de derecho en su país y consumo su dictadura.
Paradójicamente otro “Hugo” tomará el control del a Suprema Corte de la Nación, acompañado de otros ministros elegidos “democráticamente” por el pueblo, o al menos eso dice la señorA presidenta con A, en sus mañaneras.
Hugo Aguilar Ortiz, un zurdo recalcitrante, partidario del EZLN y ardiente admirador de Obrador, con un enorme desconocimiento de lo que hace una suprema corte, y cuyo único talento es tener raíces indígenas, las cuales tenemos todos en este país. Es egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca”. Y tiene como única experiencia profesional comprobable haber trabajado en diversos casos relacionados con la inclusión y el indigenismo.
Sin embargo, el Ministro Indígena posee una camioneta blindada con valor de $600 mil pesos, con la que lo hemos visto ir y venir de Palacio Nacional, algo muy incoherente por parte de alguien que promueve los valores de la austeridad y la pobreza republicana de su jefe.
Un futuro presidente de la Suprema Corte que reprocha el uso de la toga, calificándolo de ser un acto imperialista y colonial, y pretende hacer sesiones públicas y con la participación de los ciudadanos. Aspectos que evidencian su completa ignorancia sobre la praxis y el funcionamiento de la corte.
Es preocupante que el Pueblo Yaqui lo acuse por abuso e intentos de despojo, así como de ser parte de la corrupción que ha oprimido a este pueblo originario. Ortiz también fue denunciado por Sandra Domínguez por proteger a acosadores sexuales y “para acabarla de amolar” como dice el refrán, ha sido operador de López Obrador en dos megaproyectos.
Lo que probablemente justifique su estatus económico, porque participar en litigios por la inclusión no es tan económicamente gratificante como lo es ser parte de las obras faraónicas de la 4T.
Por otro lado, tenemos a la indeseable Lenia Batres, que no es jurista ni ministro. Quien desconoce la diferencia entre acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, que, además, ha mencionado que el dinero de los trabajadores le pertenece al Estado Mexicano, y tiene un evidente conflicto de interés, dejando muy claro a quien obedece.
Diversos ex ministros y organismos nacionales e internacionales han criticado severamente la Reforma Judicial. Calificándola como el mayor signo del debilitamiento y el sometimiento de México a un régimen socialista.
Pero lo hecho, hecho está. Y Andrés Manuel López Obrador pasará a la historia como el presidente que destruyó el Estado de Derecho en México y consumo su venganza personal contra el sistema judicial.