Implacable por Paty Herrera
Me cuesta mucho reconocer que Andrés Manuel López Obrador, es un político muy inteligente y astuto, pero de igual manera es abismalmente siniestro y maquiavélico. En otras columnas hemos hablado del derrumbe de las instituciones que daban certeza legal y jurídica a los mexicanos. Pero bien lo dijo el Capo de Macuspana: “Al Diablo con sus instituciones”. Y dicho y hecho las destruyó cristalizando su rencor y su venganza personal.
Los Jueces del Bienestar han sido ya evidenciados por su ineptitud, su prepotencia y el completo desconocimiento de su labor como juzgadores. La 4T logró apoderarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahora también tiene sometida a la Fiscalía General de la Republica. Lo que trae como resultado que ya no existan instituciones autónomas que puedan defender los derechos de los ciudadanos, ni dar certidumbre jurídica. De ahora en adelante la justicia será solo para los que tengan dinero y estén bien relacionados.
El régimen socialista de la 4T es ahora un órgano centralizado que controla y regula todo. Ni el PRI en sus peores años se atrevió a tanto. El reciente nombramiento de Ernestina Godoy como Fiscal General de la República confirma, que en México la justicia estará subordinada a los intereses del Mesías Tropical.
Godoy no llega a la Fiscalía con un historial de imparcialidad. Su paso por la Fiscalía de la Ciudad de México estuvo marcado por acusaciones constantes de persecución selectiva, especialmente contra figuras opositoras, y por una clara alineación con los intereses del gobierno capitalino y del movimiento político que hoy domina el país. Su gestión, en vez de consolidar confianza pública, abrió un amplio debate sobre el uso político de la justicia, donde los expedientes parecían avanzar o congelarse según la conveniencia del momento.
El problema no es solo su perfil, sino lo que su nombramiento simboliza: el triunfo de la lealtad sobre la competencia, la continuidad de un proyecto que prefiere fiscales sumisos antes que instituciones fuertes. En cualquier democracia funcional, la Fiscalía General debe ser un contrapeso, no una sucursal partidista. Sin embargo, la llegada de Godoy parece encaminar al país hacia una etapa aún más marcada por la concentración del poder y la intimidación judicial a cualquier voz incómoda.
Mientras los índices de violencia están fuera de control, y la inseguridad lastima al país entero y el crimen organizado opera con una capacidad logística que supera a la del Estado, el gobierno decide entregar la Fiscalía a una operadora política que jamás ha demostrado independencia frente al poder que la impulsa. Es una decisión que revela prioridades: consolidar control, no combatir al crimen organizado.
Para quienes esperaban que Sheinbaum corrigiera el camino y se distanciara del autoritarismo simulado de su jefe, el nombramiento de Ernestina Godoy envía un mensaje demoledor: nada va a cambiar. La justicia seguirá siendo un instrumento, no un valor; una herramienta electoral, no una garantía ciudadana.
México necesitaba una Fiscalía fuerte, independiente, experta y capaz de enfrentar la realidad criminal del país. En su lugar recibe a una figura que genera desconfianza, polémica y divisiones. Una fiscal cuya principal credencial es su fidelidad al proyecto político que hoy gobierna, no su capacidad para perseguir delitos con rigor y sin favoritismos.
El resultado es claro: el país pierde, la justicia se devalúa y Morena, una vez más, se fortalece a costa de las instituciones.