Implacable por Paty Herrera
La llamada reforma electoral presentada el pasado 4 de marzo por la presidentA con A se vende al público como una cruzada por la austeridad y la eficiencia. El discurso es seductor: reducir costos, acabar con privilegios y “fortalecer” la democracia. Sin embargo, cuando se revisa con cuidado el contenido de la propuesta, lo que aparece no es una modernización institucional, sino un intento de rediseñar las reglas del juego político en beneficio del partido gobernante.
El primer punto preocupante es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. A simple vista, la idea de gastar menos dinero público en política parece razonable, incluso popular. Pero este planteamiento ignora deliberadamente una lección fundamental de la transición democrática mexicana: el financiamiento público existe precisamente para limitar la influencia del dinero privado, del crimen organizado y de los intereses económicos en la competencia electoral. Debilitar ese esquema no elimina el dinero en la política; simplemente abre la puerta para que el dinero opaco tenga mayor peso.
En segundo lugar, la reforma revive la vieja obsesión populista de eliminar o reducir a los legisladores plurinominales. Desde la tribuna oficial se presenta esta figura como un privilegio o como una anomalía, cuando en realidad fue uno de los mecanismos que permitió romper el monopolio político del partido hegemónico en el siglo pasado. Los diputados y senadores de representación proporcional garantizan que las minorías tengan voz en el Congreso y que las mayorías no se conviertan en mayoritarismos absolutos. Reducirlos no fortalece la democracia: la empobrece.
A esto se suma la intención de “simplificar” el sistema electoral mediante ajustes al Instituto Nacional Electoral y a los organismos locales. En el lenguaje político mexicano, “simplificar” suele ser un eufemismo para recortar capacidades institucionales. El INE, con todos sus defectos, es una de las instituciones que permitió construir elecciones confiables después de décadas de fraude y control gubernamental. Debilitar su estructura bajo el pretexto del ahorro presupuestal es una apuesta peligrosa que podría erosionar la confianza en los procesos electorales.
Otro aspecto inquietante es la idea de acortar campañas y modificar las reglas de propaganda política. Aunque la reducción de gastos puede parecer sensata, también puede favorecer a quienes ya tienen una enorme presencia mediática desde el poder. Cuando el gobierno controla buena parte de la conversación pública a través de conferencias diarias, propaganda institucional y redes afines, limitar los tiempos de campaña puede terminar consolidando esa ventaja.
Finalmente, el discurso sobre el uso de tecnología y la modernización electoral suena atractivo, pero plantea interrogantes serias. El voto electrónico, por ejemplo, requiere condiciones de confianza, transparencia y auditoría extremadamente rigurosas. Introducirlo sin un consenso amplio ni pruebas suficientes podría generar más dudas que certezas en un país donde la credibilidad electoral es un patrimonio que costó décadas construir.
La democracia mexicana no es perfecta, pero sí es el resultado de reformas difíciles, negociaciones complejas y años de presión ciudadana para garantizar elecciones libres y competitivas. Pretender rediseñarla bajo el argumento de la austeridad es, cuando menos, irresponsable.
Porque cuando los gobiernos empiezan a cambiar las reglas electorales desde el poder, rara vez lo hacen para fortalecer la competencia. Casi siempre lo hacen para asegurarse de ganarla.