Implacable por Paty Herrera
La narrativa que se intenta construir en torno al caso de Leopoldo de Lara Varela y Jesús Juárez Lezama es, en el mejor de los casos, arbitraria y, en el peor, abiertamente maliciosa. Presentar la decisión de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de turnar el asunto al Órgano Interno de Control como una maniobra de “protección” es una simplificación que ignora principios básicos del debido proceso y del funcionamiento institucional.
Lo verdaderamente preocupante no es que el Congreso haya optado por una revisión técnica y administrativa, sino beneficiar la vendetta personal de Susana del Carmen Riestra Piña; y forzar una destitución inmediata sin agotar los canales legales correspondientes. ¿Desde cuándo la prisa sustituye a la legalidad? ¿Desde cuándo una acusación, por más estridente que sea, basta para ejecutar una sanción sin investigación?
La diputada Delfina Pozos y quienes comparten su postura parecen olvidar que el Órgano Interno de Control existe precisamente para eso: investigar, auditar y, en su caso, sancionar. Saltarse ese procedimiento no solo sería irresponsable, sino potencialmente ilegal. La exigencia de una votación inmediata no responde a un interés genuino de justicia, sino a una presión porril y artera que erosiona la institucionalidad del Congreso.
Además, el argumento de los “excesos de facultades” se sostiene, hasta ahora, más en interpretaciones que en resoluciones firmes. El señalamiento sobre la falta de notificación al pleno respecto a la controversia constitucional debe analizarse con rigor técnico: ¿hubo realmente una omisión deliberada o se trató de un procedimiento administrativo que siguió cauces internos? Esa distinción no es menor, y precisamente por eso se requiere una investigación formal.
En contraste, la postura de enviar el caso al Órgano Interno de Control, respaldada por legisladores de distintas bancadas, demuestra un mínimo de responsabilidad institucional. Garantizar el derecho de audiencia de los funcionarios señalados no es un acto de complicidad, sino una obligación jurídica elemental. Pretender lo contrario es abrir la puerta a decisiones injustas basadas en acciones coyunturales.
La política no puede sustituir a los procedimientos. Si existen irregularidades, deben acreditarse; si hay responsabilidades, deben sancionarse. Pero todo ello dentro del marco legal. Lo demás es un mero espectáculo barato.
En un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil, lo último que necesita el Poder Legislativo es ceder ante presiones que privilegian el escándalo sobre la evidencia. Hoy más que nunca, la prudencia no es debilidad: es la única vía para evitar que la justicia se convierta en herramienta de la eterna hipocresía panista poblana.