Implacable por Paty Herrera
Si bien es cierto que la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón marcó un punto de inflexión para las Fuerzas Armadas, al sacar al Ejército de los cuarteles y colocarlo en el centro de la estrategia de seguridad pública, también inició un proceso de desgaste institucional que fue erosionando tanto su capacidad operativa como su imagen ante la sociedad. A ello contribuyó el hecho de que numerosos elementos desertaron para incorporarse a organizaciones criminales como Los Zetas, La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y, más recientemente, el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, las consecuencias de ese desgaste se hicieron aún más evidentes. Los cárteles no sólo dirigieron su violencia contra elementos castrenses, sino también contra sus familias. A esto se sumaron operativos permanentes que impidieron a las Fuerzas Armadas reorganizarse, reequiparse y recuperar capacidades estratégicas. Lejos de mejorar, la situación del Ejército continuó deteriorándose.
Con la llegada del Mesías Tropical al poder, el papel de las Fuerzas Armadas sufrió una transformación sin precedentes. El Ejército dejó de ser una institución enfocada primordialmente en la defensa nacional para convertirse en una especie de organismo multiusos al servicio del proyecto político del gobierno. Se le encargó la construcción y administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la participación en el Tren Maya, el control de aduanas, puertos y aeropuertos, así como la supervisión y conducción de la Guardia Nacional.
Andrés Manuel López Obrador convirtió a generales, coroneles y tenientes en administradores, supervisores de obra, operadores logísticos y voceros gubernamentales. La institución militar pasó de prepararse para enfrentar amenazas a la seguridad nacional a desempeñar funciones que históricamente correspondían a dependencias civiles.
Aunque durante ese periodo aumentaron los salarios y se fortalecieron las prestaciones de los altos mandos, la inversión en equipo táctico, armamento, vehículos y modernización tecnológica no avanzó al mismo ritmo. Se redujeron capacidades operativas, desaparecieron unidades especializadas, se limitaron oportunidades de ascenso para numerosos elementos y, al mismo tiempo, se envió a miles de soldados a enfrentar grupos criminales cada vez mejor armados.
Todo ello ocurrió bajo una estrategia de seguridad resumida en el ya célebre lema de “abrazos, no balazos”, una política que para muchos militares representó una contradicción permanente: patrullar territorios dominados por el crimen organizado mientras se restringía el uso de la fuerza para responder con contundencia a las agresiones.
En la actualidad, el general de división Ricardo Trevilla Trejo encabeza la Secretaría de la Defensa Nacional. Diversas versiones periodísticas sostienen que la relación entre Trevilla, la presidente Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dista mucho de ser armoniosa. La raíz de las tensiones estaría precisamente en la utilización política que, según diversos sectores castrenses, se ha hecho de las Fuerzas Armadas durante los últimos años.
Para una parte importante del estamento militar, el Ejército ha sido tratado como una herramienta al servicio de los gobiernos en turno y no como una institución estratégica del Estado mexicano. Más grave aún, consideran que su prestigio y su identidad profesional se han visto comprometidos por decisiones tomadas desde el poder político.
Las recientes investigaciones de periodistas como Raymundo Riva Palacio y Anabel Hernández apuntan que el operativo de captura de “El Mencho” así como la entrega del general Gerardo Mérida han sido fruto de la cooperación unilateral de Ricardo Trevilla y la CIA. Sin el conocimiento ni la aprobación de La PresidentA con A, ni mucho menos del gran tlatoani macuspano.
¿Podríamos estar ante el inicio de un cisma entre las fuerzas armadas y el poder ejecutivo, que desemboque en un golpe definitivo al proyecto de gobierno de la 4T?