
Implacable por Paty Herrera
México atraviesa la crisis humanitaria más aterradora de su historia reciente. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, el país supera ya los 130 mil desaparecidos, una cifra que retrata el fracaso acumulado de distintos gobiernos, y también exhibe la ineptitud de la autodenominada Cuarta Transformación para proteger y brindar justicia al pueblo bueno y sabio.
La prioridad del gobierno de La PresidentA con A, no es encontrar a los desaparecidos ni fortalecer las investigaciones, sino averiguar quién pagó los autobuses de un grupo de Madres Buscadoras que viajó desde Jalisco para manifestarse durante la inauguración del Mundial en la Ciudad de México.
La revelación hecha por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, es indignante e insultante. Mientras miles de familias recorren desiertos, barrancos, fosas clandestinas y terrenos abandonados buscando los restos de sus hijos, hermanos o esposos, el régimen despilfarra recursos para investigar si hubo apoyo económico para que estas mujeres ejercieran su derecho constitucional a protestar, “Que Bonita Chingadera”.
La lógica detrás de esta decisión revela mucho sobre la verdadera naturaleza de la 4T. El Capo de Macuspana construyó su narrativa denunciando conspiraciones, adversarios ocultos y supuestos intereses de la ultra derecha. Y ahora la señora Sheinbaum es incapaz de aceptar que existan ciudadanos que se movilicen por una causa legítima sin recibir instrucciones de un partido político, ni de Salinas Pliego, ni de Estados Unidos.
A estos zurdos bolcheviques que durante décadas usaron el acarreo, la movilización partidista y los recursos públicos para llenar plazas, asumen que los ciudadanos actuamos bajo la misma lógica. Les cuesta comprender que una madre que lleva años buscando a su hijo desaparecido no necesita que nadie la ayude para exigir justicia.
Las Madres Buscadoras no son un grupo de choque como la CNTE. No son un movimiento partidista de la ultraderecha. Son mujeres abandonadas por el Estado Mexicano que han tenido que realizar por cuenta propia labores que corresponden a las fiscalías, las comisiones de búsqueda y las fuerzas de seguridad. Muchas de ellas han encontrado fosas clandestinas, restos humanos y evidencia criminal que las autoridades fueron incapaces de localizar.
Diversos colectivos de búsqueda han descubierto enterramientos clandestinos en todo el territorio nacional. En numerosos casos, las autoridades llegaron mucho después de que las Madres Buscadoras hicieran el trabajo de inteligencia, rastreo y localización. Aun así, la respuesta del régimen morenista sigue siendo la misma: sospecha, descalificación y distancia.
La reacción frívola y socarrona de Sheinbaum ante cuestionamientos relacionados con las Madres Buscadoras provocó indignación por la risa que diversos analistas interpretaron como una burla. El periodista Gonzalo Oliveros resumió el sentir de muchos mexicanos al señalar que: “El Estado les falla a esas madres y la risa es el colofón de esa falla”. Y tiene razón.
Cada número en las estadísticas representa una vida truncada y una familia condenada a vivir entre la incertidumbre y el dolor permanente. Reír, minimizar o insinuar que hay motivaciones políticas en quienes buscan a sus seres queridos no solamente es un error de Claudia; es una muestra de su desconexión con una realidad que desgarra al país.
La Fiscalía parece mostrar una energía extraordinaria para indagar el financiamiento de una protesta ciudadana, pero una lentitud inescrupulosa para esclarecer las redes criminales responsables de miles de desapariciones. Las preguntas deberían ser: ¿Quién desapareció a esas personas? ¿Quién las secuestró?, ¿Quién las asesinó y quién protege al crimen organizado? No quién pagó un viaje en autobús.
Morena prometió poner primero a los más vulnerables. Sin embargo, las Madres Buscadoras no tienen acceso a la verdad, enfrentan a instituciones corrompidas y arriesgan su propia vida realizando investigaciones en territorios controlados por el Narco y, lo mínimo que merecen es respeto.
La reacción de la 4T confirma una tendencia preocupante, cuando la realidad contradice al régimen, su prioridad deja de ser la búsqueda de la justicia y pasa a perseguir a quien lo denuncia. México necesita un gobierno que investigue a los criminales, no a las víctimas. Que persiga a los responsables de las desapariciones, no a quienes exigen respuestas. Que acompañe a las Madres Buscadoras, no que las trate como a criminales.
Porque en un país con más de 130 mil desaparecidos, la verdadera pregunta no es quién pagó los autobuses. La verdadera pregunta es por qué, después de tantos años y tantas promesas de la izquierda mexicana, siguen siendo las Madres quienes tienen que buscar solas a sus hijos.
Esta columna está dedicada a las siguientes personas buscadoras asesinadas por el crimen organizado:
Teresa González Murillo (Falleció el 2 de abril de 2025 en Guadalajara, Jalisco, tras ser atacada con arma de fuego durante un intento de secuestro. Buscaba a su hermano con el colectivo Luz de Esperanza).
María del Carmen Morales (Asesinada el 24 de abril de 2025 en Tlajomulco, Jalisco, junto a su hijo Daniel; buscaba a su otro hijo, Ernesto).
Aída Karina Juárez Jacobo (Secuestrada y asesinada a finales de agosto de 2025 en Zacatecas; llevaba apenas dos meses buscando a su hija).
Yerli Yaritza Pérez (Asesinada el 23 de noviembre de 2025 en Ocosingo, Chiapas; buscaba a su padre).
Roberto Hernández (Asesinado el 11 de agosto de 2025 en Ixtapaluca, Estado de México, mientras realizaba labores de rastreo).
Gabriel Hernández (Asesinado el 16 de julio de 2025 en Reynosa, Tamaulipas).
Patricia Acosta Rangel (Asesinada en mayo de 2026 en Guanajuato; era integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos).
Katia Citlali Jáuregui Acosta (Hija de Patricia Acosta, asesinada junto a ella en el mismo ataque de mayo de 2026 en Guanajuato).
María de los Ángeles Valenzuela (Privada de la libertad el 14 de octubre de 2025 en Mazatlán, Sinaloa; buscaba a su padre).
Francisco Arias “Panchito” (Privado de la libertad por un comando armado el 9 de junio de 2025 en Irapuato, Guanajuato; en el mismo evento asesinaron a su hijastro).
José Juan Arias (Privado de la libertad el 28 de diciembre de 2025 en Valle de Santiago, Guanajuato; buscaba a su hijo).